Hoy se recuerda la barbarie contra trabajadores

El 15 de noviembre de 1922 en una protesta en la ciudad de Guayaquil derivó en una masacre de obreros. Los cadáveres de muchos ciudadanos que protestaban fueron lanzados al río Guayas.

Reseña histórica

La noche del 13 de noviembre encontró a Guayaquil a oscuras. El único alumbrado era el de los reflectores de varios buques en el río Guayas. Había paro en la Planta Eléctrica y en la de Gas. La Asamblea General de Trabajadores de Guayaquil, que incluía a tipógrafos y voceadores, había decidido que los periódicos salgan por última vez el amanecer siguiente.

Tampoco trabajaron los conductores de carros urbanos, los del ferrocarril, las fábricas, piladoras, la cervecería, la jabonería y los aserríos del sur de esta ciudad que, en ese año (1922), tenía un aroma a agua dulce. Todos plegaron en paro, entusiasmados por la victoria conseguida por la protesta de los obreros ferroviarios, en el mes anterior.

Al escenario histórico de aquel convulsionado momento social concurrían varios elementos económicos y políticos: el precio del cacao, principal producto de exportación, cayó de 26 a 9 centavos en dos años. Además, los trabajadores ecuatorianos alcanzaron protagonismo tras el establecimiento de ciertas empresas, y el pensamiento socialista influyó en Latinoamérica tras la Revolución Rusa de 1917.

Guillermo Arosemena, subdirector del Archivo Histórico de Guayaquil, sostiene que el origen de la protesta fue una grave crisis económica. "Todo comenzó por el alza de los precios y las importaciones, a la que se sumó un pesado componente político. Algunos opositores utilizaron el caos que se vivía como plataforma política, caldeando los ánimos", dijo.

A las dos de la tarde del martes 14 de noviembre de 1922, más de treinta mil obreros huelguistas desfilaron hacia la Gobernación, y le entregaron a Jorge Pareja, el gobernador, un manifiesto con sus peticiones. Determinaron un plazo de 24 horas para la respuesta del presidente José Luis Tamayo.

Al amanecer del 15, una marcha compuesta por cerca de treinta mil personas acudió a la Gobernación. Se vencía el plazo y el presidente Tamayo, mediante decreto, dictó medidas económicas pero nada dijo sobre la situación de los obreros. Aun así, los dirigentes del paro concedieron 24 horas más.

Trujillo anunció que había conseguido obtener del Gobernador de la Provincia la liberación de algunos huelguistas aprehendidos el día anterior. "La gente avanzó hasta la Policía –relata Jorge Ponguillo– para sacar a esos compañeros, pero los milicos que habían llegado desde antes empezaron con el fuego, porque se asustaron al observar tanta gente a su alrededor".

Aproximadamente a las dos de la tarde, los miembros de la Policía, apostados en la avenida Olmedo –desde Eloy Alfaro hasta Chimborazo– empezaron a disparar a la turba. El batallón Vencedores se colocó en guerrillas desde su cuartel situado en Pedro Moncayo y 9 de Octubre, hasta Chanduy (hoy García Avilés). Los soldados, desde el edificio de la Zona Militar y tras los puntales de las casas, buscaban a los de la revuelta. En Nueve de Octubre entre Chimborazo y Chanduy enfrentaban a los civiles.

El batallón Marañón se encontraba entre los manifestantes en Pedro Carbo y Clemente Ballén. Avanzaba hasta la avenida Olmedo, junto a los obreros. Cada soldado estaba rodeado por 20 o 30 personas. La situación se les iba de las manos. Dispararon.

Las primeras víctimas fueron los huelguistas que se distinguían por su ropa de trabajo, las obreras con banderas rojas del comité femenino Rosa Luxemburgo. Cientos de personas corrieron a la calle Pichincha para saquear almacenes de armas.

"Un grupo de 25 hombres entró al almacén Casinelli Hermanos, pero un destacamento del Cazadores de los Ríos, los cercó y los fusiló. 51 disparos, 25 asesinados. Esos cadáveres fueron lanzados al agua de la ría Guayas por el muro del Malecón y Mejía", describe Alejo Capelo en su obra.

El fuego apagó la rebelión popular. Por Guayaquil corría sangre de panaderos, empleadas, vagoneros, cocineras, lavanderas, carpinteros, estibadores y vaporinos. También murieron ancianos y niños. La prensa registró los nombres de 80 hombres y 14 mujeres asesinados. Se sumaron a ellos los de los almacenes y los recogidos en la calle sin identificar, que fueron lanzados a la ría o al zanjón del cementerio general. Hubo casi 200 heridos. Los disparos que acabaron con la manifestación llenaron el centro de la ciudad por más de una hora.

Tras el caos, el general Enrique Barriga, jefe de Zona, reconoció públicamente: "Soy yo el responsable de estos terribles sucesos", según el libro de Alejo Capelo.

Esta situación se pudo evitar, a criterio del historiador Efrén Avilés Pino, si el gobierno hubiera atendido prontamente los reclamos de los trabajadores y "si no hubieran aparecido los dizque heroicos y sacrificados dirigentes politiqueros". El 15 de noviembre de 1922 tuvo incidencia fundamental, tres años más tarde, en la revolución juliana, afirma Avilés.