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| Comisión del Derecho a la Salud, retomará sesión 204 |
A partir de las 14:30 del lunes 30 de enero de 2017, la Comisión del
Derecho a la Salud, retomará la sesión 204, para continuar el análisis
del articulado del proyecto de Código de la Salud. La norma, establece
mecanismos articuladores del Sistema Nacional de Salud, comenzando por
su rectoría que le corresponde al Ministerio del ramo. Fija como función
primordial, dictar políticas públicas en la materia.
Los asambleístas analizan y sistematizan las propuestas y
observaciones que recibieron, tanto en la comisión como en territorio, y
preparan una matriz.
El proyecto crea una agencia de aseguramiento de la calidad de los
servicios de salud, como entidad técnica adscrita al Ministerio de
Salud, con competencia para ejercer la regulación técnica, control y
mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud públicos y
privados.
También forma una instancia administrativa, dentro del Ministerio de
Salud Pública, encargada de la gestión, seguimiento y control de
recursos destinados al financiamiento continuo, solidario, suficiente y
sostenible del conjunto de prestaciones integrales de salud.
Según el documento que analizan los parlamentarios, en el Ecuador se
generan importantes desafíos para la acción pública y, en particular, se
requiere de políticas de salud y una nueva legislación, que rompan con
la tendencia reactiva, que caracterizaba al sector salud en el pasado,
donde existía el enfoque biologista – curativo en la atención; centrado
en la enfermedad y atención hospitalaria, con programas de salud pública
de corte vertical, que limitaban la posibilidad de una atención
integral e integrada a la población.
Una de las motivaciones es que la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Salud, la Ley Orgánica de Salud y sus reglamentos, instrumentos
legales vigentes del 2002 y el 2006, respectivamente, han devenido en
incompatibilidades con las disposiciones previstas en la Constitución de
Montecristi, en anacrónicos e insuficientes, frente a los nuevos
desafíos que tiene el Estado para cumplir sus obligaciones
constitucionales de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la
salud.
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