La Constitución de la
República del Ecuador, aprobada el 28 de septiembre de 2008, en la
consulta popular, con el 64 por ciento de los votos, cumple hoy 3
años de vigencia, lapso en el que la Asamblea Nacional ha aprobado
72 leyes.
La nueva Constitución
generó las herramientas para crear una nueva convivencia ciudadana,
en diversidad y armonía con la naturaleza para lograr el buen vivir
o sumak kawsay y asegurar una sociedad que respeta la dignidad de las
personas y las colectividades y un país comprometido con la
integración latinoamericana, la paz y la solidaridad con todos los
pueblos de la tierra.
Con el nuevo marco
constitucional, la Asamblea Nacional trabaja en el desarrollo de los
derechos, con prioridad en las personas con mayores necesidades y
procurando recursos seguros y necesarios.
La Asamblea se preocupó
por sentar las bases para la nueva institucionalidad del país, a fin
de profundizar el sistema democrático y evitar cualquier intención
de desestabilizar la democracia. En este marco se aprobaron leyes
como la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; Orgánica de la
Función Legislativa; Orgánica Electoral y de Organizaciones
Políticas del Ecuador; Código Orgánico de la Función Judicial; de
Seguridad Pública y del Estado; Código de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); la reforma a
la Ley de Régimen Provincial; y, la derogatoria de más de 1400
normas obsoletas que enredaban el sistema jurídico del Ecuador.
En el marco de los
derechos de la naturaleza, se aprobó la Ley de Minería que
constituye uno de los puntales básicos para el futuro del Ecuador,
ya que prevé responsabilidad económica, pago de impuestos, respeto
a los trabajadores, a su ambiente social y al entorno natural en el
que se desarrollan. También la Ley de Soberanía Alimentaria, sus
reformas y prepara un conjunto de normas conexas, en el afán de
viabilizar el derecho al acceso seguro y permanente a alimento sanos,
suficientemente nutritivos.
También se preocupó de
dictar leyes de beneficio social. Es así como, se aprobó la
normativa legal que garantiza la educación gratuita, laica y de
calidad en escuelas, colegios y universidades públicas, Además
atendió los reclamos de jubilados y afiliados al IESS, entre otros
aspectos.
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