“LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO”

LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO

En una suerte de contrarrevolución neoclásica durante la década de los ochenta, las capacidades de regulación, (re)distribución y planificación del Estado fueron ampliamente desmanteladas para dar paso, supuestamente, a la apertura y liberalización del mercado. No obstante, existió cierta regularidad y continuidad en la «matriz de poder social», que permitió a los tradicionales grupos de poder económico mantener amplios márgenes de influencia en la determinación de un conjunto de políticas públicas favorables a sus particulares intereses.

Con la Constitución de 2008 y con el nuevo esquema de planificación en el país, la construcción de la sociedad del Buen Vivir está asociada a la construcción de un nuevo modo de acumulación y (re)distribución. Es por ello que, para construir este Buen Vivir, resulta indispensable contar con una hoja de ruta alternativa para generar riqueza y para (re)distribuirla.

La transformación del patrón de especialización de la economía permitirá aumentar la participación de una serie de industrias nacientes, que cumplan con unas características generales que implican externalidades positivas para el Buen Vivir. 

 

Los datos del último censo económico nacional, arrojan contundentes resultados de una economía ecuatoriana altamente concentrada en un patrón de especialización que tiende a un estancamiento de la industria y un dominio de las actividades primario-extractivistas-exportadoras y sus externalidades negativas. La alternativa impulsada por el Gobierno Nacional, por contraposición, es lograr un patrón de especialización enfocado en la producción secundaria y terciaria, generador y agregador de valor, y que desarrolle el mercado interno aprovechando al máximo las ventajas del comercio exterior.

En ese sentido, todo el esfuerzo gubernamental a partir del año 2007 se ha centrado en cambiar esta realidad para hacer que los sectores secundario y terciario tengan una estructura de costos más alta y cuenten con la capacidad instalada necesaria para desarrollarla –infraestructura, mano de obra calificada, desarrollo tecnología, capacidades humanas especializadas–. Es en ese sentido que se ha establecido un conjunto de leyes pertinentes desde una perspectiva de mediano plazo, como son la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Código de la Producción y la Ley de Economía Popular y Solidada.

Sin embargo, la concentración de la producción, tanto por el lado de la tenencia de los medios de producción como por las grandes actividades económicas primarias-extractivistas-exportadoras, así como la concentración en las ventas, puede constituirse un obstáculo para este fin. Por ello, como paso previo, resulta necesario trabajar en la desconcentración y diversificación de la producción, pues el no hacerlo reproduce un patrón de acumulación en desigualdad. Es en este amplio contexto que se propone ahora la Ley de Control del Poder de Mercado, como elemento sustancial para el funcionamiento de los mercados en el Ecuador.

 

Este tipo de leyes protegen a la ciudadanía de los abusos del poder de mercado (de grandes empresas o grupos económicos y de otras empresas con poder de incidir en el mercado), garantizan a las empresas reglas claras y transparentes para competir en condiciones justas y que sus logros puedan darse por sus virtudes y eficiencia y no por prácticas tramposas o desleales (que son muy comunes en mercados concentrados), y finalmente permite que la concentración se dé de manera regulada y controlada (por el Estado) en los sectores y actividades en que concentrar crea beneficios para la sociedad y no solamente lucro para los monopolios u oligopolios. En una realidad económica como la ecuatoriana dónde pocas empresas manejan la mayor parte de la producción y/o venta de bienes y servicios la urgencia y necesidad de esta ley se vuelve de una importancia suprema.

Desde 1998, por diferentes iniciativas, se han gestionado 6 proyectos de ley de este tipo y reiterativamente todos se han desechado. Existen intereses de grupos económicos muy poderosos que lucran del poder de mercado y no quieren que este tipo de legislación se apruebe en el país.

La ley no castiga la concentración que se da porque una empresa es eficiente y competitiva ni desconcentra los mercados altamente concentrados, la ley hace énfasis en prohibir, corregir y sancionar el abuso del Poder de Mercado.

La ley no prohíbe la concentración pero si la regula y la controla para que ésta se dé en las actividades económicas y de la manera adecuada para generar beneficios para todos (avances tecnológicos, economías de escala, menores costos y precios, mayor producción y mayor calidad, menos contaminación, más empleo… en general más eficiencia) y que no sirva solamente para enriquecer y dar más poder a monopolios y oligopolios.

La ley establece claramente los ámbitos de regulación y control, es decir quien hace las políticas y quien controla que se cumplan. Crea un organismo técnico especializado que no es parte de la función ejecutiva sino de la función de control del Estado para velar por la efectiva aplicación de la ley, y separa el ente encargado de la investigación del que puede sancionar, siempre garantizando un debido proceso ágil en el que se preserva en toda instancia el derecho a la defensa.

La ley controla tanto el sector público como el sector privado.

El marco de corrección y sanción implementa un sistema de incentivos que permite que las empresas infractoras de la ley desistan de sus prácticas indebidas y así eviten sanciones más fuertes: esto permite cumplir los objetivos de la ley sin crear problemas al proceso productivo de las empresas. De esta manera, se garantiza máxima producción y empleo sostenibles, pero de manera honesta y eficiente.

Esta ley es un esfuerzo coordinado del Ejecutivo, recogiendo las mejores prácticas internacionales.

En un contexto de planificación de mediano y largo plazo, la ley está propuesta para mejorar la eficiencia del sistema económico y garantizar el bienestar general de las y los ecuatorianos.