15 DE NOVIEMBRE DE 1922

Por: Juan J. Paz y Miño Cepeda

En octubre de 1922, por iniciativa de la Sociedad Cosmopolita de Cacahueros “Tomás Briones”, se constituyó en Guayaquil la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana (FTRE). Dos días después, la Asamblea de Trabajadores del Ferrocarril del Sur, en Durán, resolvió presentar al Gerente, J.C. Dobbie, un pliego de demandas sobre jornada de 8 horas diarias y 6 días laborables, aumento de salarios, estabilidad y otras sobre salud. Al siguiente día los ferrocarrileros iniciaron una huelga. La alarma forzó al gerente Dobbie a suscribir el Acta en la que fueron aceptados los planteamientos de los trabajadores.

“Los modernizadores aperturistas querían suprimir el reparto de utilidades...”

Ese éxito motivó el levantamiento de numerosas reivindicaciones y huelgas por parte de los trabajadores guayaquileños en distintos sectores: Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica, Empresa de Carros Urbanos, trabajadores del gas, verteros y conductores de carros urbanos, taller de carrilanos, cascajeros, fábricas, artesanos, constructores, voceadores, etc. La FTRE declaró la huelga general y Guayaquil quedó paralizada y sin luz.

El día 15 de noviembre de 1922 fue convocada una gigantesca manifestación de trabajadores por las calles de Guayaquil. Pero la marcha fue reprimida a fuego abierto. Murieron centenares de obreros.

Los trabajadores del 15 de noviembre de 1922 expresaron el despertar de las reivindicaciones laborales en el Ecuador, un país que comenzaba a esbozar su vía de desarrollo capitalista. Sus reivindicaciones eran justas, en un medio atrasado a los derechos laborales, ya conquistados en otros países. Sin embargo, las reivindicaciones laborales de la época fueron calificadas como “comunistas” y “excesivas”. Y la matanza obrera de Guayaquil, de la que fuera responsable el gobierno de José Luis Tamayo (1920-1924), incluso fue justificada con el argumento de que se había disparado contra “saqueadores” y “delincuentes”. Todo, pues, para esconder la responsabilidad compartida de los capitalistas de la época.

Gracias a la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925, por primera vez el Estado pasó a preocuparse, como obligación institucional, de la situación laboral de los ecuatorianos. Fueron dictadas leyes sobre salarios mínimos, jornada y contratos. Se crearon el Ministerio de Bienestar Social, las Direcciones de Salud y la Caja de Pensiones. La Constitución juliana de 1929 fue la primera en consagrar los principios y derechos laborales. En progreso, en 1938, se dictó el Código del Trabajo.

Frente a esos avances, desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado las ideas neoliberales sobre “flexibilidad laboral” pusieron en riesgo los derechos de los trabajadores ecuatorianos. Los modernizadores aperturistas querían suprimir el reparto de utilidades, vincular el salario a la productividad, aumentar la jornada, restringir el sindicalismo, suprimir indemnizaciones, facilitar despidos, privatizar el IESS, etc. No hay duda alguna que el ciclo político iniciado en el 2007 con la Asamblea Constituyente y un nuevo gobierno terminó con ese proceso antilaboral. Y esta es una de las razones que han alimentado las resistencias contra un modelo económico distinto al neoliberal.

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